Campamentos y teléfonos

Las últimas noticias que llegan desde Italia hablan de ataques racistas, quema de campamentos gitanos, discursos xenófobos y violación de los derechos humanos.
El gobierno italiano, sin embargo, lo llama lucha contra la inseguridad y la criminalidad, control de la inmigración y sus peligros, defensa de los valores italianos...
Lo que se oye en la calle, lo que dicen muchos italianos, es lo que da más miedo. Porque ellos están expuestos al bombardeo de una televisión (pública y privada) plagada de 'periodistas' que se dedican a distraer, a mezclar sin rubor verdades (unas pocas) con medias verdades y con mentiras mayúsculas. Y eso asusta, porque siempre es peligroso un pueblo desinformado, pero aún más en manos de políticos como los que pueblan este Parlamento.
Estos personajes no pierden el tiempo, están 'arréglandose' el país, haciéndoselo a su medida. Y me da la sensación de que, desde fuera, no es fácil comprender la magnitud del problema, porque es surrealista.
En este país, las leyes las preparan aquéllos que están fuera de la ley.

El ejemplo más reciente es el nuevo proyecto de ley sobre las interceptaciones telefónicas que el gobierno Berlusconi presentará en breves.
Durante el Gobierno Prodi, el ministro de Justicia, Clemente Mastella, ya presentó un proyecto de ley similar. (Después de ser incluído en una investigación gracias a... ¡sorpresa! unas interceptaciones telefónicas que lo relacionaban con una red de políticos, empresarios y jueces orientada a obtener financiamiento del Estado y de la Unión Europea de forma fraudulenta).
Si todo va como se prevé, vendrá propuesta (y por supuesto, aprobada) una ley que impedirá la publicación de las interceptaciones telefónicas (aunque no estén bajo secreto), y también de muchos otros actos judiciales. De hecho, ya el proyecto Mastella impedía el uso de documentos extraídos de investigaciones archivadas.
Las consecuencias de la entrada en vigor de esta ley son claras: los periodistas de crónica judiciaria no podrán hacer su trabajo, amenazados con multas millonarias y penas de cárcel y los ciudadanos no podrán ejercer ningún control sobre la magistratura, puesto que no conocerán los actos en los que se basan los procesos, no podrán valorar las decisiones de los jueces.
Además, los electores no llegarán a conocer ciertos comportamientos de los políticos electos, que pueden no tener relevancia penal, pero ciertamente sí tienen relevancia política.
En los últimos años, en Italia, las interceptaciones telefónicas han revelado contactos entre políticos y capos mafiosos, entre políticos y periodistas, entre empresarios y políticos... y estas revelaciones, aun en los casos en los que no constituyen la prueba de ningún delito, son una información valiosa que retrata a los implicados y que los ciudadanos tienen derecho a conocer y los periodistas a publicar.
El problema debe de ser que las interceptaciones telefónicas no ayudan a sostener la visión alarmista del fenómeno de la inmigración ni a criminalizar a los inmigrantes sinó a desenmascarar a la clase política y empresaria del país. O sea, a los mismos que hacen las leyes.